El nombre de Diego Alejandro Amarante irrumpió con fuerza en la agenda pública luego de que avanzara con decisiones de alto impacto en la causa que involucra a la Asociación del Fútbol Argentino. El magistrado, al frente del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 5, dispuso la prohibición de salida del país y citó a declaración indagatoria al presidente Claudio “Chiqui” Tapia, al tesorero Pablo Toviggino y a otros directivos. La reacción fue inmediata: el fútbol argentino paralizó su actividad en todas las categorías.
La resolución se conoció en medio de la tensión política entre la administración de Javier Milei y la conducción de la AFA, lo que amplificó el alcance institucional del conflicto. Los clubes, reunidos en el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional, suspendieron la fecha del torneo en respaldo a las autoridades de la entidad madre del fútbol.
Con pasado en la Cámara Federal de Casación Penal —donde trabajó durante quince años junto al ex camarista Eduardo Riggi—, Amarante llegó al juzgado penal económico en 2014. En el ámbito judicial se le atribuye un estilo pragmático y resoluciones de tono severo.
La investigación se originó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero por una presunta omisión de retenciones millonarias. Desde la AFA sostienen que no existe deuda exigible y que los pagos fueron efectuados antes del vencimiento, además de señalar que la discusión administrativa continúa en la Cámara de Apelaciones. Pese a esos planteos, el juez entendió que la expectativa de pena justificaba adoptar medidas restrictivas.
El impacto también se proyecta en el plano internacional: la restricción migratoria impediría que los directivos participen en compromisos como el sorteo de la Copa Libertadores y la organización de la Finalissima en Qatar.
En paralelo, el magistrado aspira a regresar a la Cámara Federal de Casación Penal, el máximo tribunal penal del país, donde se abrió el concurso 475 para cubrir vacantes en la Sala III. En los tribunales se menciona que el titular de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, Andrés Vázquez, tendría un rol relevante en ese escenario.
A este cuadro se suman menciones a su nombre en una causa vinculada al juez federal rosarino Gastón Salmain, procesado por presunto cohecho y prevaricato, así como una investigación sobre el uso de líneas telefónicas que no estarían registradas a su nombre. Sin resolución definitiva hasta el momento, estos elementos incrementaron la exposición pública de un magistrado que hoy ocupa un lugar central en un conflicto que combina aristas judiciales, políticas y deportivas.