El Gobierno nacional, a través de la Superintendencia de Servicios de Salud, incorporó a cinco prepagas a la demanda judicial para que las empresas solo puedan aumentar según índice de inflación y para que devuelvan a los afiliados lo cobrado de más.
Además, se mantiene en pie la audiencia de conciliación designada por el juez federal Juan Rafael Stinco para el lunes 27 de mayo "bajo apercibimiento de resolver con las constancias de la causa". Allí, las prepagas, que en total ya suman 41, deberán explicar cómo devolverán lo que fue cobrado de más a los afiliados.
Stinco es el juez que otorgó la medida cautelar que había pedido el Estado Nacional frente a los aumentos que dispusieron las prepagas en base al Decreto 70/23 del mismo gobierno. En principio la cautelar abarcaba a 23 empresas, número que se fue extendiendo.
En las últimas horas, la Superintendencia de Servicios de Salud pidió ampliar nuevamente la demanda y la solicitud de medida cautelar contra las restantes entidades no demandadas aún, pero que se encuentran incluidas en el Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga (RNEMP).
Así, en la última presentación ante la justicia, el gobierno incluyó a 5 empresas: Bristol Medicine, Federación Médica gremial de Capital Federal, Asistencia Sanitaria Integral S.A., Asociación Civil de Estudios Superiores y Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Capital Federal.