Los propietarios de las empresas de transportes escolares que prestan el servicio en Santa Rosa iniciaron esta semana un "lock out" porque "no nos dan los números", ante una estructura de costos que "se hizo mal". Culpan a Administración Escolar del Ministerio de Educación.
Las empresas que realizan las medidas de fuerza son CSG, El Pony, Ciudad de Toay y Anzorena, quienes tienen a su cargo unos 30 micros en funcionamiento.
"Es suficiente, sin plata no se puede seguir. No hay contrato, promesas de pagos incumplidas. Punto final", publicó en sus redes sociales Eduardo Christensen, uno de los dueños de estos colectivos.
Las empresas además reclaman la firma del contrato de las licitaciones que se llevaron adelante. Sin embargo, el Tribunal de Cuenta las rechazó porque se excedían en los montos.
Luego de que trascendiera el conflicto, Eduardo Christensen, uno de los dueños de los colectivos, habló con LU100 Radio Capital. "No hay más espalda para seguir, esa es la realidad", remarcó.
Y confirmó los problemas que hubo en la licitación y los supuestos sobreprecios. "Acá el problema lo generó Administración Escolar, que en medio de una licitación hizo una contratación directa por un costo menor", destacó.
"Encima hicieron tarde el llamado a licitación y quiero aclarar que en una licitación pública la estructura de costos nos es acercada y que no es mucho lo que podemos cambiar", explicó Christensen.
Y agregó: "esto no es una cuestión política, es una cuestión que las empresas nos quedamos sin plata para poder seguir".
Luego insistió con que "hay dos o tres funcionarios de Administración Escolar que hicieron mal las cosas. El Tribunal de Cuentas dice que hubo sobreprecios porque paralelamente se hizo una contratación directa más barata y que se hizo mal porque cuando le pidieron valores al EMTU, para comparar, desde ese organismo municipal brindaron los mismos costos que nosotros".