En los alegatos, el fiscal general, Guillermo Sancho, quien actúa como procurador subrogante en el Jury por el Caso Lucio, formalizó las acusaciones más relevantes por mal desempeño a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora Elisa Catán. La Procuración le objetó originalmente a Pérez Ballester y Catán no escuchar la opinión de Lucio; no citar ni recabar la opinión del padre y que ello tampoco fuese ordenado por la jueza, ni requerido por la asesora, de oficio; y no comunicar a la autoridad de aplicación administrativa (Dirección General de Niñez) la posible vulneración de derechos del niño.
A Catán le imputó que consintiera el archivo del expediente, pese a que había solicitado la tutela, por lo que durante un tiempo no ejerció contralor sobre ella.
Sancho mantuvo la acusación original, excepto en el punto primero (oír al niño) por entender que “no era necesario porque el padre no estaba y la madre se iba de mochilera, por lo que lo mejor para el niño era estar con la tía. No era necesario por la edad de Lucio (en ese momento dos años) y por la situación que estaba viviendo ya que no lo criaba nadie. La tía, en cambio, era una persona apta, de acuerdo al estudio socio-ambiental, por lo que haberlo escuchado no hubiera tenido tampoco sentido para resolver una cuestión urgente. Con la tía, el niño tenía una familia ampliada, ya que era uno hijo más” de la pareja formada entre Leticia Hidalgo y Maximiliano Dupuy.