Este viernes, la Dirección General de Aduanas (DGA) denunció una presunta operación fraudulenta de dLocal Argentina S.A., por ofrecer supuestos servicios educativos, por los cuales intentó acceder a dólares oficiales para luego fugarlos del país.
Para ser precisos, los agentes revisaron los giros hechos por la empresa Local Argentina S.A. en 2022, y notó pagos de personas que nunca contrataron los servicios de dicha firma, al punto que incluso aparecían nombre de individuos que fallecieron con anterioridad a la fecha de las operaciones.
Dicha firma es una startup financiera uruguaya agente de pago en países emergentes de plataformas del exterior, tales como Netflix, Spotify, Shopify, Uber y Prime Video, y, solo en 2022, la empresa procesó US$ 10.600 millones en pagos a través de más de 40 países.
Así, estuvo siendo investigada por la Aduana, el Banco Central, la Secretaría de Comercio, AFIP y la Unidad de Información Financiera (UIF), en base a sus maniobras en el comercio cambiario.
Acorde al organismo, la empresa aseguró que operó en Argentina para Academiland LLC, la cual tiene sede en el Estado de Delaware, Estados Unidos, para ofrecer servicios educativos de “e-learning”, sin intervención urbana, los cuales se brindaban en la página beiuinstitute.com, la cual no funciona ahora.
De esta forma, los agentes revisaron 9.304 operaciones de cobro ejecutadas por Academiland en la Argentina por $395 millones, y analizaron los datos de 800 usuarios que abonaron los servicios, y se los contactó por un circular para comprobar la información presentada.
Aun así, todos afirmaron que nunca adquirieron bienes o servicios de Academiland o de Be U Institute, y, en 20 casos, fueron sucesiones, ya que la fecha de fallecimiento era anterior a la de la supuesta contratación.
Además, el organismo resaltó que, entre los alumnos había empleados del organismo propio, un miembro de la Justicia Federal y trabajadores en medios de comunicación.
Por ello, se allanaron los domicilios de los presuntos dueños de Academiland, y secuestraron documentación y equipamiento informático, y presentaron una denuncia ante la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 1, dirigida a los supuestos dueños, por “acceder en forma ilegítima a un banco de datos personales, por defraudación a la administración pública y por lavado de activo”.
Por ende, según la Aduana, el objetivo de la empresa era adquirir dólares a valor oficial y girarlos a Estados Unidos, al simular la venta de servicios nunca prestados y que se sostuvieron por el uso de una base de datos con “particularidades que hacen presumir su falta de licitud”.