El pasado viernes, el gobernador Sergio Ziliotto instruyó a la Fiscalía de Estado que, junto a los integrantes de la C.I.A.I. y los pobladores del territorio afectado, creen un reclamo ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el uso total y exclusivo del agua del Río Atuel que realiza la provincia de Mendoza.
El mandatario pampeano lideró un encuentro en el que participaron la Fiscal de Estado, Romina Schmidt; el secretario de Recursos Hídricos, Néstor Lastiri; la Asesora Letrada de Gobierno, Griselda Ostertag y el secretario General de la Gobernación, José Vanini. Además, estuvieron presentes Roberto Rodríguez y Juanita de Ugalde de la Asamblea Permanente por los Ríos Pampeanos; Alberto Golberg y Martin Berhongaray por la Fundación Chadileuvú; Jorge Scarone, en representación de la Universidad Nacional de La Pampa y el diputado Espartaco Marín en su condición de miembro de la Comisión de Ríos Interprovinciales de la Cámara de Diputados.
Allí se comenzó a idear el plan para que La Pampa se presente ante el organismo internacional, con el antecedente firme del Fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que ordenó a Mendoza la implementación de “un caudal mínimo permanente de 3,2 m3/s en el límite interprovincial entre La Pampa y Mendoza, a fin de comenzar con el cese del daño ambiental y monitorear si cumple con los requerimientos para la recomposición del noroeste pampeano”.