La Corte Suprema de la Nación ordenó a la Justicia criminal federal de la Ciudad de Buenos Aires que continúe la investigación de las agresiones que la diputada porteña Ofelia Fernández recibió a través de la red social Twitter, según confirmaron hoy fuentes del máximo tribunal.
La causa comenzó con la denuncia de los fiscales Horacio Azzolin, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Ciber Delincuencia (UFECI), y Mariela Labozzeta, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).
Azzolin y Labozzeta tomaron la decisión de intervenir luego de que la legisladora haya asegurado ser receptora de una serie de mensajes agresivos recibidos vía Twitter, que responderían a patrones de violencia de género e incitarían a la comisión de delitos.
Los representantes del Ministerio Público consideraron que los hechos podrían tratarse del delito previsto en el artículo 212 del Código Penal, la cual prevé hasta seis años de cárcel para “el que públicamente incitare a la violencia colectiva contra grupos de personas o instituciones, por la sola incitación”.
Los fiscales analizaron que los mensajes atentan contra el rol político de Fernández en materia de defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBIQ, y constituían un modo de intentar perseguir y silenciar a quienes luchan contra la violencia patriarcal.
Si bien el juzgado federal sorteado se declaró incompetente y aseguró que si se cometió delito el mismo no afectaba intereses nacionales, paso seguido, luego que se ordenara librar oficio a las autoridades estadounidenses para obtener la información de la firma Twitter International Company sobre los perfiles de las cuentas involucradas en los mensajes denunciados, se elevó el incidente a la Corte, para que definiera el juez competente.
La Corte, en coincidencia con el dictamen de la Procuración General de la Nación, concluyó que no se debía descartar una persecución u odio contra Fernández por sus ideas políticas, hasta que la compañía internacional no responda.