El máximo tribunal de Justicia de la Nación brindó oficios para el Estado Nacional y los gobiernos provinciales de Salta y Jujuy, dentro de la resolución de un amparo colectivo presentado por comunidades originarias que busca impedir la exploración y explotación de Litio en la Cuenca Hídrica de Salinas Grandes.
La resolución del tribunal fue firmada por el presidente del órgano Horacio Rosatti y acompañado por los magistrados Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.
Lo que se solicitó fue que Salta presente copia de todas las autorizaciones de permisos de exploración y explotaciones mineras otorgadas por la autoridad administrativa interventora; de las actas de audiencias públicas convocadas y celebradas a tal fin, de los recursos, impugnaciones, denuncias recibidas contra dichas autorizaciones y/o frente a las situaciones de permisos mineros.
Mismos requisitos fueron pedidos a la Provincia de Jujuy y al Estado Nacional.
Los oficios fueron librados dentro de un amparo que inició la Comunidad Originaria de Santuario de Tres Pozos, acompañados por la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Las comunidades originarias de la zona reclaman por la explotación de la cuenca hídrica Salinas Grandes-Guayatayoc, que comparten las provincias de Salta y Jujuy; y que abarca desde el sur de San Antonio de los Cobres y el norte de la localidad de Abra Pampa.
Su reclamo se basa en la falta de una gestión integral de la cuenca, en ambas provincias además afirman que las autoridades y las empresas involucradas no realizan una adecuada evaluación de los impactos ambientales.
Al amparo lo acompañaron la presentación de estudios técnicos que destacan que los reservorios de agua dulce de la zona se han “salinizado” tras la aparición de los proyectos de exploración de litio, tras la explotación de los salares y sus reservorios de salmueras.
Esto afecta directamente al acceso al agua, que de por si ya es escasa por la falta de precipitaciones durante el año.
El amparo busca suspender todos los actos administrativos que promuevan y autoricen la exploración y explotación de litio y borato en la Cuenca, además de que se ordene una gestión integral del manejo entre las provincias.
A su vez se pide “que se efectúe una línea de base de la cuenca y luego la Evaluación de Impacto Ambiental adecuadas para el ecosistema y la actividad en cuestión”. A ello se le suma, “la conformación de un comité de expertos independientes, con participación de especialistas a designar por las partes, que estudien con un enfoque ecosistémico de hidrología, la biodiversidad y los aspectos socioculturales de la Cuenca Salinas Grandes-Guayatayoc”.
La Corte pidió que Salta envíe la documentación en el marco de evaluar si da lugar a la medida cautelar que piden las comunidades y procede a generar un plan ambiental con gestión integral del manejo de los acuíferos de la zona, que puedan verse afectados por la actividad minera en torno al litio.