“Están haciendo un pacto con el diablo”, aseguró la republicana Maria Elvira Salazar, tras denunciar que Argentina esta planeando construir aviones militares chinos. A su vez responsabilizó a Alberto Fernández y Cristina Kirchner por mantener negocios con Xi Jinping.
La congresista republicana María Elvira Salazar denunció que el Gobierno argentino tiene como objetivo fabricar aviones militares para China y aseguró que los vínculos entre Alberto Fernández y Xi Jinping son propiciados por la vicepresidenta Cristina Kirchner.
En el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, la legisladora de raíces cubanas aseguró que la Casa Rosada “está haciendo un pacto con el diablo” y aseguró que espera que los argentinos “se queden en el mundo libre”.
“Lo voy a decir en español para que quede muy bien claro a mis amigos argentinos. Su presidenta y su presidente están haciendo un pacto con el diablo que puede tener consecuencias de proporciones bíblicas”, remarcó la presidenta del Subcomité del Hemisferio Occidental.
Salazar advirtió que Estados Unidos “no se va a quedar con los brazos cruzados porque no se puede tener un aliado que fabrique y exporte aviones militares chinos, y que se los venda a los vecinos”. “Hay dos mundos: el mundo libre y el mundo de los esclavos. Espero que los argentinos se queden en el mundo libre”, detalló.
La congresista republicana afirmó que “es preocupante” que los miembros del Departamento de Estado no hayan “ni siquiera respondido a las preguntas más básicas sobre la penetración china en América Latina”. Por lo que, se comprometió a garantizar que América Latina “siga formando parte del mundo libre”.
En el mismo contexto, Salazar denunció que Cristina Kirchner estaría “considerando abiertamente” la posibilidad de comprar aviones de combate chinos JF-17 y fabricarlos en la Argentina, en industrias con capitales del país oriental.
“Esta política sigue la tendencia de acuerdos similares que los chinos hicieron con Venezuela y Bolivia”, sostuvo a través de su sitio oficial, donde aseguró que la Argentina le permitió al Partido Comunista de aquella nación “el control total de las operaciones de una estación espacial, que tiene un tamaño aproximado de 400 campos de fútbol y está situada en medio del desierto patagónico”. Al respecto, aseguró que no existe ningún acuerdo de supervisión de la base ni de sus actividades de vigilancia de parte del gobierno de Alberto Fernández.
La estación espacial a la que se refiere se encuentra en Neuquén y partió de un convenio que se firmó durante el kirchnerismo, que aprobó el Congreso en 2015 y que fue renegociado en parte por Mauricio Macri, con el propósito de constatar los fines pacíficos de esta instalación. Desde su comienzo, el proyecto generó malestar por la injerencia que China podía desplegar en el continente y por los objetivos de esta construcción que, formalmente, tiene un uso científico.