El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, denunció penalmente este martes a Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, y al ministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad de Buenos, Marcelo D’Alessandro, por presuntos “delitos de tráfico de influencias” e “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.
El mandatario provincial presentó la denuncia ante los tribunales federales de La Plata, donde manifiesta: “Nuestra provincia es históricamente la más perjudicada por el esquema de coparticipación, situación que ahora se ve agravada por una decisión no solo injusta e ilegal de la Corte Suprema, sino que además habría sido producto del tráfico de influencias de funcionarios de la Corte Suprema y del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires".
Con dicho punto, el gobernador hace alusión a la difusión de chats que D’Alessandro mantuvo con Robles y en los que presuntamente, este último le enviaba información confidencial al funcionario porteño para conseguir ventaja sobre el oficialismo.
Kiciloff aseguró que, tras el fallo del máximo tribunal a favor de la Ciudad de Buenos Aires, se busca quitar los recursos que les corresponden a la provincia para redirigirlos a la ciudad porteña, a la cual define como la “más rica del país” y así lograr financiar la campaña presidencial del Jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta.
El informe presentado este mismo miércoles cuenta como material pruebas de los chats filtrados y artículos periodísticos que fundamentan la denuncia, en la cual el gobierno provincial sostiene que “en los chats publicados en distintos medios de prensa entre Robles y D’Alessandro consta que entre ambos existió una coordinación y un asesoramiento directo desde la presidencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación hacia funcionarios del Gobierno de la Ciudad respecto de cómo proceder en el caso del Consejo de la Magistratura, conforme a lo que se señalará posteriormente”.
Asimismo, en la denuncia se solicita que haya un allanamiento al Ministerio de Justicia y Seguridad de CABA, para poder conseguir “ toda documentación o instrumento que sea pertinente y de interés para la presente causa”, y el secuestro de teléfonos móviles “personales y/o corporativos de los denunciados”, a los fines de ”proceder a sus pericias respectivas que, permitan reconstruir la información y la vinculación que en la presente denuncia se formula”.
También, se requiere que se investigue a los denunciados por la presunta comisión de los delitos tipificados en los artículos 248, 256 y 256 bis del Código Penal.
“Las provincias nunca fueron escuchadas por la Corte Suprema pese a los reiterados pedidos presentados en tiempo y forma", aseguró el informe, además de considerar que: “Hoy el Congreso de la Nación tramita el juicio político contra la Corte por varias conductas opuestas a lo que dicta la Constitución Nacional".
Además, continua: "Los hechos denunciados hoy deben ser investigados por fiscales y jueces que sean verdaderamente independientes. Se debe impedir este arreglo político completamente ilegal. A nosotros nos corresponde defender el federalismo y a la provincia de Buenos Aires".