El Gobierno nacional presentó este lunes un informe sobre Derechos Humanos en Argentina ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), donde señala al Poder Judicial, la oposición y los medios de comunicación
La presentación se llevó a cabo en Ginebra, Suiza y estuvo a cargo del secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, en el contexto de una sesión especial del Consejo de Derechos Humanos en la que Argentina presentó su Examen Periódico Universal (EPU). En esta última oportunidad, el informe estuvo conformado por 30 fojas.
En el escrito se mencionó:
La presencia de “discursos del odio” en el país: los cuales llevaron a un intento de magnicidio de la actual Vicepresidenta de la Nación y dos veces Presidente, Cristina Fernández de Kirchner”.
"Estos postulados se advierten de modo creciente en diversos espacios políticos, en medios masivos de comunicación y en redes sociales. Se trata de una problemática compleja que constituye una preocupación a nivel internacional", comunicó Pietragalla.
La práctica de lawfare: "Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare –impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático– constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública".
"En estas causas judiciales, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de hechos de corrupción, se violan garantías fundamentales del Estado de Derecho: se desconocen garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal. Estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población", sostuvo.
Presunta proscripción política contra el kirchnerismo en este año electoral: "La persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otrora oposición al gobierno de la anterior gestión", explicó el funcionario.
Además, sostuvo que existen estrategias de persecución para conseguir la proscripción de figuras centrales del escenario político. “Son ejecutadas en la práctica por jueces y fiscales que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residencia oficial como en sus residencias privadas, lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento que afecta los principios democráticos de nuestro país, en especial aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos".
Caso Milagro Sala : el secretario de Derechos Humanos consideró que la activista social está detenida de forma “arbitraria” y por ello, el Estado federal debería responsabilizarse internacionalmente contemplada por una medida provisional dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Juicio Político: “La pérdida de credibilidad del máximo tribunal implica una inadmisible degradación del sistema institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes", sostuvo el funcionario, además de añadir: “Por eso, solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativa que procuren fortalecer la independencia judicial y el estado de derecho del país”.